Soy de los que creen que el matrimonio, la sexualidad o las opciones de vida personales, siempre que se realicen por voluntad propia, por libre consentimiento y no perjudiquen a terceras personas, no deberían ser objeto de regulación, privilegios o represiones por parte de las leyes o las constituciones de los Estados. Que todo el mundo se aparee como quiera y con cuántos quiera, del mismo sexo o no, ya sean del reino animal, vegetal o mineral. Si esas relaciones se quieren formalizar en función de los hijos o del patrimonio, con un contrato civil basta y sobra. Sin libertad la igualdad es siempre una ficción.

El Estado, opino, debería abstenerse de casar y descasar y de perder tiempo y dinero del contribuyente en ceremonias innecesarias, remedos de ceremonias religiosas que, quien quiera, puede celebrar fácilmente con gran alegría de curas, imanes o rabinos. Y si no se es religioso se tienen muchas otras opciones más atractivas para celebrarlo que una sala municipal.

Es por esta razón, y por razones básicas de funcionamiento de un estado de Derecho, que estoy en contra de la sentencia del Tribunal Supremo de EEUU sobre el matrimonio gay. Puede parecer paradójico y hasta contradictorio con lo afirmado en los párrafos anteriores, pero no lo es. Podría explicarlo con mis propias palabras, pero no serían mejores que las utilizadas por el presidente del Tribunal Supremo americano, John Roberts, que votó en contra:

[la Sentencia] Es un acto de voluntad, no de justicia. Esta Corte no es un legislativo. Si el matrimonio homo es una buena idea, o no, es un asunto que no nos concierne. Bajo la Constitución, los jueces tienen el poder de establecer lo que dice la ley; no lo que debería decir. ¿Quién nos creemos que somos?

Si el presidente Obama o el Congreso de los Estados Unidos creen que se debe legalizar el matrimonio homosexual que legislen, si saben y pueden, al respecto. El poder para hacer leyes, en uno u otro sentido, corresponde al poder legislativo y no al judicial en cualquier país en dónde la democracia sea algo más que pura aritmética votacional. Así, la sentencia del Supremo lo que ha hecho es ilegalizar los referendos que, en base al “derecho a decidir” de los Estados, no habían declarado legal el matrimonio homosexual. De esta manera la sentencia deviene no sólo un remedo sino un enredo legislativo, como apunta el mismo Roberts en su voto particular:

Aunque la mayoría (del Tribunal) inserta aleatoriamente el adjetivo “dos” en varios sitios, no ofrece ninguna razón en absoluto de por qué debe preservarse el elemento dos-personas, mientras que no hay que hacerlo con el elemento hombre-mujer. Sin duda, desde el punto de vista de la historia y la tradición, el salto de distinto-sexo a mismo-sexo es mucho mayor que el de dos-personas a poligamia, que tiene hondas raíces en algunas culturas del mundo. Si el voto mayoritario quiere dar el salto más grande, es difícil ver cómo puede decir que no al salto más corto. Resulta sorprendente cuánto del razonamiento de la mayoría podría aplicarse con la misma fuerza a un derecho fundamental a la poligamia.

De la misma manera que el Estado laico (que no laicista) debe estar al margen de la religión, también debería estar al margen de la vida privada de las personas. Si todos somos libres de vivir como queramos desaparece la discriminación y la desigualdad provocada por el afán regulador del Estado. Con el Estado fuera de la vida privada la libertad se revelaría una vez más cómo la mejor condición de la igualdad.

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